El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido a la Xunta que no firme un nuevo contrato con el hospital privado Povisa, en Vigo, mientras no se haga pública toda la información sobre el concierto vigente: a cuánto asciende exactamente la financiación pública que recibe el centro, en qué servicios se invierte y qué ratios de personal mantiene. La formación nacionalista reclama, además, una auditoría previa a cualquier renegociación del acuerdo, que expira en la primavera de 2027.
Los datos que maneja el BNG sitúan en unos 97 millones de euros anuales el pago público que recibe Povisa por la prestación de servicios sanitarios a los aproximadamente 102.000 usuarios del Sergas que tiene asignados, una cifra que ha ido descendiendo en los últimos años —cerca de 7.800 pacientes pasaron a depender del Hospital Álvaro Cunqueiro solo durante 2026— sin que ello se haya traducido, según los nacionalistas, en una reducción proporcional de la financiación. El BNG remarca que, pese a esa evolución, el hospital privado cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 7,4 millones de euros, y reitera su propuesta histórica de integrar Povisa en la red pública en lugar de mantener la fórmula actual de concierto.
La portavoz nacionalista en el área, Montse Prado, ha cuestionado que se mantenga este nivel de financiación mientras persisten problemas de listas de espera, pérdida de profesionales y carencias en algunas especialidades del centro. El BNG ha anunciado que llevará iniciativas al Parlamento de Galicia para exigir transparencia total sobre el concierto antes de que se abra cualquier proceso de renegociación, previsto para los próximos meses de cara al vencimiento del contrato actual, que fue firmado en abril de 2025 por un periodo inicial de dos años, ampliable hasta tres más.
Preguntado por esta cuestión, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reconoció que su departamento «está trabajando ya en un nuevo acuerdo» con Povisa, aunque remarcó que las negociaciones formales no habían comenzado todavía. La relación entre el Sergas y el hospital vigués, propiedad del grupo Ribera Salud, ha estado marcada en los últimos meses por el fuerte aumento del beneficio de la empresa tras la entrada en vigor del contrato actual, un dato que ya generó controversia semanas atrás y que ahora reaparece en el contexto de la exigencia de auditoría planteada por el BNG.