El proyecto de ley del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ha desembocado en la convocatoria de una huelga médica indefinida a partir del 28 de octubre y cuenta con el rechazo unánime de todas las comunidades autónomas, tendrá un coste estimado de 127 millones de euros para Galicia entre 2027 y 2031, según la documentación económica que acompaña al texto remitido al Congreso de los Diputados por el Ministerio de Sanidad. A nivel estatal, el conjunto de comunidades autónomas deberá asumir un impacto de 1.892 millones de euros en el mismo periodo, sin que por el momento esté garantizada la participación del Gobierno central en su financiación.
Según los cálculos del Ministerio, casi tres cuartas partes de la factura gallega corresponderán a dos medidas concretas. La primera es el pago de un complemento retributivo para compensar las guardias no realizadas por el personal de baja médica, que supondrá 51,5 millones de euros hasta 2031. La segunda es la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, que obligará al Sergas a contratar a 283 nuevos profesionales para cubrir el recorte horario, con un coste añadido de 39,6 millones de euros en cinco años. El resto del impacto se reparte entre el refuerzo de las unidades de prevención de riesgos laborales (15,4 millones), el pago de los llamados «solapes» o tiempos de transmisión de información entre turnos (13,9 millones) y las nuevas indemnizaciones por abuso de temporalidad (6,8 millones).
El calendario de aplicación será progresivo: el primer ejercicio, 2027, supondrá para las arcas gallegas un desembolso de 16,8 millones de euros, cifra que se irá incrementando hasta alcanzar los 40,5 millones en 2031, último año del periodo analizado por el Ministerio. En el caso concreto de la reducción de jornada, Sanidad estima que cada nueva contratación necesaria para compensar el recorte horario tendrá un coste medio de 69.740 euros anuales, si bien reconoce que la incorporación efectiva de estos profesionales dependerá en la práctica de la disponibilidad real de especialistas y de la resolución de los procesos selectivos correspondientes.
Desde la Consellería de Sanidade se ha reprochado al Ministerio que dirige Mónica García que el proyecto de ley «carece de una memoria económica completa que tenga en cuenta todas las medidas y permita evaluar con un mínimo rigor presupuestario su implementación», una crítica que coincide con la trasladada por el Ministerio de Hacienda, que ha reclamado a Sanidad «la falta total de análisis económico» del texto. Frente a estos reproches, la ministra Mónica García ha defendido que las comunidades autónomas cuentan con recursos suficientes para afrontar el nuevo estatuto, al haber recibido «más recursos que nunca» en los últimos ejercicios, y ha planteado la creación de mecanismos de cooperación entre el Estado y las comunidades para evaluar el impacto presupuestario real de la norma.
La polémica económica se suma así al conflicto laboral que rodea al nuevo Estatuto Marco, convocado en su día por sindicatos médicos como CESM, O’Mega Galicia y Simega, entre otros, y que ya ha provocado a lo largo de este año distintas jornadas de huelga en el sector sanitario gallego. La Consellería de Sanidade había cifrado recientemente en cerca de 300.000 los actos asistenciales suspendidos en Galicia como consecuencia de las movilizaciones sanitarias registradas en lo que va de 2026, un impacto que se suma ahora a la factura económica que, según los propios cálculos del Ministerio de Sanidad, tendrá la implantación definitiva de la nueva norma.