La Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación del servicio de defensa jurídica que el Servizo Galego de Saúde necesita para reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados del conocido como «cártel de los pañales», el acuerdo ilegal de precios entre los principales fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos financiados por el sistema público de salud. El contrato, cuya adjudicación rondará los 6 millones de euros, fue aprobado por el Consello de la Xunta a principios de este mes de septiembre y da inicio formal al proceso con el que el Sergas aspira a recuperar buena parte del sobrecoste que asumió durante casi veinte años.
El origen del caso se remonta a 2016, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones por un importe conjunto de 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de este tipo de productos, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas, por concertarse para fijar un precio de los absorbentes financiados para pacientes que, según acreditó la resolución sancionadora, llegó a duplicar el que se lograba en las licitaciones públicas de las distintas comunidades autónomas cuando no mediaba ese pacto.
Antes de decidirse a litigar, el Sergas encargó un análisis interno de la información disponible que cifra en 140,8 millones de euros el gasto mínimo acreditado e identificable con las empresas del cártel entre 2004 y 2014. Para el periodo anterior, desde 1996, la estimación provisional se sitúa en torno a 153 millones de euros adicionales, aunque en este caso el organismo gallego no dispone todavía de una desagregación del gasto por empresa, un extremo que deberá terminar de concretarse mediante la prueba pericial que forma parte del propio objeto del contrato ahora licitado. El Sergas encargó además un estudio preliminar a la Universidade de Santiago de Compostela para estimar el daño económico real a partir de toda esta información.
Los absorbentes para adultos son uno de los productos de mayor volumen de gasto dentro del catálogo de prestación ortoprotésica del sistema público gallego, al ir destinados fundamentalmente a pacientes con problemas de incontinencia asociados a la edad avanzada o a determinadas situaciones de dependencia, por lo que cualquier sobreprecio en su suministro repercute de forma directa en el gasto sanitario público que financia el conjunto de la sociedad gallega.
Las empresas interesadas en prestar el servicio de defensa jurídica al Sergas disponen ahora de un plazo para presentar sus ofertas a través del Portal de Contratos Públicos de Galicia. Una vez adjudicado el contrato se iniciarán formalmente las acciones legales con las que el Sergas aspira a recuperar buena parte de los más de 140 millones de euros de sobrecoste ya cuantificados, a la espera de que la prueba pericial encargada termine de concretar el alcance económico total del daño sufrido desde 1996.