Galicia ocupa el octavo puesto entre las comunidades autónomas españolas en el índice de privatización sanitaria elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), con una puntuación de 22 puntos sobre el total del indicador correspondiente a 2026, tres puntos más que en el informe del año anterior. El dato sitúa a Galicia ligeramente por encima de la media estatal, fijada en 21,8 puntos, aunque por debajo de comunidades como Madrid, que encabeza la clasificación con 34 puntos, Baleares y Cataluña, con 28 cada una, Canarias, con 26, o el País Vasco, con 24. Asturias se queda en 23,5 puntos y Aragón comparte con Galicia la puntuación de 22.
El informe, que la Fadsp elabora anualmente y que constituye ya su duodécima edición, combina varios indicadores para construir este índice: el gasto en seguros sanitarios privados, el gasto sanitario que los ciudadanos pagan directamente de su bolsillo, la proporción de camas hospitalarias y de equipamiento de alta tecnología en manos de centros privados, el porcentaje del gasto sanitario público que se destina a conciertos con la sanidad privada y el uso efectivo que la población hace de los servicios sanitarios privados frente a los públicos. Según estos datos, el 20% de las camas hospitalarias existentes en Galicia son privadas y una cuarta parte del equipamiento de alta tecnología sanitaria de la comunidad se encuentra en centros privados, mientras que el 4,5% del gasto sanitario público gallego se destina a conciertos con el sector privado.
Dos de los indicadores sitúan a Galicia en una posición particularmente destacada dentro del conjunto estatal. El gasto en seguros sanitarios privados alcanza los 171 euros por habitante, frente a los 98 euros que se registraban en 2014, lo que supone un incremento del 74,5% en poco más de una década. El gasto sanitario de bolsillo —el dinero que cada persona paga directamente por consultas, pruebas o tratamientos al margen de la sanidad pública— llega a los 658,85 euros por habitante y año, frente a los 454 euros de 2014, un aumento del 45,2%; esta cifra coloca a Galicia como la comunidad autónoma con mayor gasto sanitario de bolsillo por habitante de toda España. El informe recoge además que el 19,6% de las consultas de atención especializada y el 20,8% de las consultas de medicina de familia que realizan los gallegos se producen ya en el sector privado.
La organización gallega vinculada a la Fadsp ha vinculado directamente estos datos con la evolución de las listas de espera del sistema público, a las que atribuye un papel central en el avance de la privatización sanitaria en la comunidad. Según su valoración, los servicios de admisión de los hospitales públicos gallegos estarían derivando preferentemente a la sanidad privada a los pacientes con patologías menos complejas, por ser los casos más rentables para los centros concertados, mientras que el sistema público asumiría los procesos de mayor complejidad. La plataforma reclama lo que denomina una «desprivatización» del sistema sanitario gallego, que presenta como una decisión tanto de eficiencia como de carácter ético, y considera la privatización el problema de salud pública «más importante» al que se enfrenta actualmente Galicia. Ni la Consellería de Sanidade ni el Sergas habían hecho público, hasta el momento, un pronunciamiento específico sobre las conclusiones de este informe.
El debate sobre el peso de la sanidad privada en Galicia no es nuevo: la comunidad mantiene desde hace décadas un modelo con una presencia relevante de hospitales privados concertados, entre los que destaca Povisa, en Vigo, cuyo contrato con el Sergas ha sido objeto de controversia en los últimos meses. El informe de la Fadsp aporta ahora una comparativa a nivel estatal que permite situar la posición relativa de Galicia frente a otras comunidades autónomas en un debate —el del equilibrio entre la sanidad pública y la privada concertada— que previsiblemente seguirá generando pronunciamientos enfrentados entre la Xunta y las organizaciones que defienden un refuerzo exclusivo del sistema público.