Las organizaciones médicas han fijado el 28 de octubre como fecha de inicio de una huelga indefinida en toda España, incluida Galicia, en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco que el Gobierno central ha presentado para regular las condiciones laborales del personal facultativo. La convocatoria está promovida por sindicatos específicos del colectivo médico —entre ellos CESM, el sindicato gallego O’Mega y Simega, junto a organizaciones equivalentes de otras comunidades autónomas— y llega tras meses de paros parciales que ya han dejado una huella notable en la actividad asistencial gallega. Antes de la fecha fijada queda todavía un margen de mes y medio en el que las partes podrían negociar y evitar que la medida llegue a materializarse.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha calificado la perspectiva de una huelga indefinida como «un desastre brutal» para el sistema sanitario público, tanto en Galicia como en el conjunto de España, y ha responsabilizado directamente al Gobierno central de no haber resuelto a tiempo el conflicto. El conselleiro ha reclamado al Ministerio de Sanidad que asuma su papel como «auténtico responsable» de la negociación del Estatuto Marco, y ha señalado que la Xunta trabaja ya en un plan de contingencia para minimizar el impacto sobre los pacientes si finalmente se produce el parón indefinido, aunque por ahora sin detalles concretos sobre en qué consistirá.
El impacto acumulado de las huelgas médicas convocadas a lo largo de este 2026 ya es considerable: según ha trasladado la propia Consellería de Sanidade, las distintas jornadas de paro celebradas desde diciembre han supuesto la suspensión de en torno a 300.000 actos asistenciales en Galicia, entre consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. En algunas de las jornadas más recientes, dos días de huelga bastaron para paralizar cerca de 23.000 actos médicos, de los que más de 400 eran cirugías, aunque el Sergas ha conseguido reprogramar en la práctica la mitad de las intervenciones afectadas durante la semana siguiente a cada convocatoria.
El desencuentro entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad gira en torno a un catálogo de reivindicaciones que las organizaciones convocantes consideran no recogidas de forma satisfactoria en el borrador estatal: una semana laboral de 35 horas, la compensación efectiva de las guardias y horas extra, una reforma que las haga voluntarias, una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad del médico, y un modelo de jubilación adaptado a las particularidades de la profesión. Los sindicatos médicos insisten además en la necesidad de un marco de regulación propio y diferenciado del resto del personal sanitario, un punto de fondo que el Gobierno no ha terminado de encajar en su propuesta actual.
No todos los actores del conflicto mantienen, sin embargo, la misma posición de cara al 28 de octubre: en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, ya se plantea la posibilidad de descolgarse del paro nacional si logran cerrar antes un acuerdo autonómico propio con su respectivo gobierno regional, lo que anticipa un escenario de negociación fragmentado, comunidad a comunidad, en las semanas previas a la fecha fijada para la huelga indefinida.